Aprobadas medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el COVID-19

En el BOE del 29 de abril se ha publicado el Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con importantes novedades, en el ámbito laboral (en el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de ERTES), concursal y societario (como la ampliación de plazos para renegociar deudas, impulso a la venta de unidades productivas rentables y alivio a la carga de los juzgados mercantiles) y procesales (los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero, sin tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma), un nuevo procedimiento para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia derivadas de la crisis sanitaria y otras medidas de carácter organizativo y tecnológico que garanticen la distancia de seguridad en vistas y audiencias públicas, entre otras medidas

• Medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral
  más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y
  tribunales tras el confinamiento, y tiene como principal prioridad la
  salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia,
  abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que
  desarrollan su labor en este ámbito.
• También trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia COVID-19.

• Se habilita excepcionalmente de forma parcial el mes de agosto.
  El Pleno del Consejo General de la Abogacía mostró su rechazo por
  considerar ineficaz declarar hábil en el ámbito de la Administración de
  Justicia el mes de agosto.
• Para 2020, se declaran urgentes todas las actuaciones procesales y hábiles (se
  exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo
  para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya
  hábiles conforme a las leyes procesales) para su realización los días 11 a 31 del citado mes.

• Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por el estado de alarma, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión
  del procedimiento correspondiente.  Aunque los plazos procesales han
  sido suspendidos, los jueces y magistrados han venido dictando
  sentencias y otras resoluciones y se ha continuado con su notificación.
  En los primeros días en que se retome la actividad judicial, se teme un
  notorio incremento en el número de recursos.
• Se amplían los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y otras resoluciones que
  ponen fin al procedimiento y sean notificadas durante la suspensión de
  plazos del estado de alarma, así como las que sean notificadas dentro de
  los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos
  procesales suspendidos, permitiendo de esta manera que estos puedan
  presentarse de forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo, y
  no concentrados en escasos días después del citado levantamiento. En
  concreto, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

• En primer lugar, mantener la continuidad económica de las
  empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada
  en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las
  obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Para estos deudores, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando,
  durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de
  cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas; así
  mismo, se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Además se les permite la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior.

• En segundo lugar, para incentivar la financiación de las empresas se califican como créditos contra la masa, los derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado. También se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma.

• Por último, para evitar el previsible aumento de litigiosidad sobre concursos de acreedores en los Juzgados, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la confesión
  de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas
  actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los
  trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el
  valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados
  actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).

• También se permite enervar temporal y excepcionalmente la
  aplicación de las normas generales sobre disolución de sociedades de
  capital y sobre declaración de concurso, para permitir a las
  empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir
  liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su
  actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.
  Para ello, se amplía la suspensión del deber de solicitar la
  declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y
  se prevé que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas
  no se compute el resultado del presente ejercicio. Hasta esa
  misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de
  concurso necesario presentadas desde el estado de alarma

1. Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas sobre prestación de alimentos a hijos.
2. En el orden jurisdiccional civil, los procesos
   derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la
   moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles
   afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera
   reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de
   aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga
   obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de
   deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de
   empresarios.
3. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
   los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las
   Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de
   ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos
   de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
4. En el orden jurisdiccional social, los
   procedimientos con carácter preferente (además de aquellos que ya
   tuvieran dicho carácter antes de la declaración del estado de alarma)
   serán los siguientes:
5. Despidos y extinciones de contratos
6. Los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de
   recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso
   retribuido previsto en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo.
7. Procedimientos por aplicación del Plan MECUIDA (art. 6 RDL 8/2020 y RDL 15/2020).
8. Impugnaciones individuales o colectivas de los ERTEs derivados del COVID-19.
9. Los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a
   distancia o la adaptación a la jornada previstas en el Real Decreto-Ley
   15/2020, de 21 de abril.

• Vistas telemáticas: Se podrán celebrar actos de
  juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los
  actos procesales, mediante presencia telemática con carácter preferente y
  turnos de mañana o tarde para todo el personal de la Administración de
  Justicia. Respecto a la celebración de actos procesales de forma
  telemática, se realizarán preferentemente de este modo siempre que se
  tengan los medios técnicos necesarios para ello. La excepción se produce
  en el orden jurisdiccional penal, en el que será necesaria la presencia
  física del acusado en los juicios por delito grave. Asimismo, las
  deliberaciones de los tribunales se desarrollarán de forma telemática
  cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello.
• Acceso a las salas de vistas: con el fin de
  garantizar la protección de la salud de las personas, el órgano judicial
  ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el
  acceso del público a todas las actuaciones orales.
• Exploraciones médico-forenses: Se realizarán con la documentación médica existente a disposición del forense, siempre que fuera posible.
• Dispensa de la utilización de togas en las audiencias públicas.
• Atención al público: La atención al público en
  cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica
  o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto. En los casos
  en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la
  fiscalía, será necesario obtener cita de previamente, de acuerdo con los
  protocolos que establezcan las administraciones competentes, que
  deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los
  juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la
  mujer.
• Órganos judiciales asociados al COVID-19: el
  Ministerio de Justicia podrá transformar los órganos judiciales que
  estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la
  entrada en vigor del presente RDL en órganos judiciales que conozcan
  exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
• Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces
  de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en
  juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los
  asuntos derivados de la pandemia.
• Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.
• Realización de funciones atribuidas a otras unidades por parte de los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios adscritos a unidades de apoyo.
• Jornadas de trabajo de mañana y tarde para todo el
  personal adscrito a la Administración de Justicia (lo que parece
  indicar que habrá juicios en ambas franjas horarias).