COVID-19. El Gobierno aprueba nuevas medidas para ampliar la protección a los colectivos más vulnerables, empresas y autónomos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con un nuevo paquete de medidas económicas y sociales, entre las que destacan los aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos, se impide los desahucios de inquilinos durante seis meses, se amplía el bono social y se crea un nuevo subsidio para los empleados de hogar.

• apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.
• se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.
• Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del Estado de Alarma.

• Se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del Estado de Alarma.
• Se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.
• Se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.
• La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras
  dure el estado de alarma o mientras persista la situación de
  vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada
  dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a
  lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda
  aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.
• Se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles,
  algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el
  inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad,
  podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

• Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler,
  se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler
  sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas
  anteriormente.

• La norma incorpora un programa específico para víctimas de
  violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente
  vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata.
  Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en
  casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de
  la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de
  los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un
  límite del 100% de los mismos.

• En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el Real Decreto-ley 8/2020.
• El plazo de suspensión pasa de uno a tres meses;
• Se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada
  del Estado de Alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una
  declaración responsable del beneficiario sobre su situación;
• Se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar
  la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por
  idéntico periodo.
• También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria.
• Se establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y
  préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de
  vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo.
• Se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el
  superávit de ejercicios anteriores para adoptar medidas de apoyo a
  colectivos vulnerables en materia de vivienda.

• Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico como los autónomos, que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.
• Se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.

• Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que
  hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como
  consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene
  carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el
  equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será
  compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese
  caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario
  Mínimo Interprofesional.
• Se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses
  que se hubiese extinguido tras la declaración del Estado de Alarma y
  que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una
  prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario
  equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de
  Efectos Múltiples (IPREM), estableciendo requisitos de acceso en
  función de la situación de rentas del hogar familiar

• Se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones,
  de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén
  inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los
  autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos
  del COVID-19.
• Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios,
  sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como
  consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración
  del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.
• En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará
  el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a
  prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del
  contrato.
• En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados,
  el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del
  bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho
  bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del
  Estado de Alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el
  consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
• En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad
  solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los
  usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen
  intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza
  mayor. Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado
  por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que
  los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo
  en que no puedan solicitar un cambio de compañía.
• También se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.

• Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.
• En el caso de los autónomos, se establece que los que sean
  beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar
  fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo
  correspondientes a los días previos a la declaración del Estado de
  Alarma.
• Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor
  aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar
  hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que
  deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún
  interés.
• Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros.
• Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites
  relativos a aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o
  devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de
  comunicación electrónica.
• Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y
  las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas,
  llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades
  adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la
  finalización del Estado de Alarma.

• En este sentido, se adaptan los compromisos de mantenimiento del
  empleo durante el plazo de seis meses fijados en el Real Decreto-ley
  8/2020 a las particularidades de determinados sectores, en particular
  las vinculadas al mundo de la cultura, atendiendo a su variabilidad y
  alineamiento con eventos concretos.
• También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de
  préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme.
  En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de
  resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma.
  Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de
  amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales. Se
  establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas
  financiados por la citada Secretaría General.
• Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía
  Española de Reafianzamiento), con el fin de que pueda avalar un mayor
  número de operaciones.
• Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan
  incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la
  participación en ferias u otras actividades de promoción internacional
  que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto
  canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.
• Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de
  solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos
  concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo
• Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las
  ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la
  innovación en la lucha contra la pandemia, así como garantizar el
  adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto
  la rápida financiación de prototipos como poder disponer la
  industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia.
• Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de
  combustibles, dado el descenso del consumo y la menor rotación de los
  tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma que se permite
  retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con
  especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020
  gasolinas cuya presión de vapor y destilado presente unos límites
  comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de invierno.
• Y se amplía en dos meses desde la finalización del Estado de Alarma
  los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas establecidos
  en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de dar seguridad
  jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los
  que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento
  de los objetivos de penetración de nuevas renovables.

• El Real Decreto-ley permite que los empleados públicos, sin
  modificación de sus circunstancias laborales, puedan realizar tareas
  distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar voluntariamente
  aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, socio sanitario, de
  empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras
  que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la
  situación provocada por el COVID-19.
• Del mismo modo, se habilita a que el personal sanitario jubilado
  pueda retornar al trabajo, compatibilizando su actividad con la
  percepción de su pensión.
• Por otro lado, se permite que los ingresos derivados dela
  cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación
  de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección
  por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que
  la mera formación.
• Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones
  bancarias que tuviesen un plan de desinversión ya aprobado por el Banco
  de España ampliar hasta en dos años el plazo con el que contaran. En
  caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de reserva
  con una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos
  de la entidad de crédito de la que sean accionistas en concepto de
  dividendo.
• En materia de inversión, se adopta una norma de carácter
  macroprudencial, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de
  Valores para modificar los requisitos aplicables a las sociedades
  gestoras de instituciones de inversión colectiva.
• Así mismo los contratos de profesorado temporal en la universidad
  (asociados, visitantes, ayudantes y ayudantes doctores) que finalicen
  durante la vigencia del Estado de Alarma se prorrogan. De igual forma se
  prorrogan los contratos de personal investigador procedentes de
  convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de
  financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
  Estas prórrogas tendrán una extensión equivalente a la duración del
  Estado de Alarma y excepcionalmente, estas prórrogas podrán extenderse
  hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del mismo.