COVID-19. Moratoria para los trabajadores autónomos y empresas de las cotizaciones y aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social

El Real Decreto-ley 11/2020, en vigor desde el 2 de abril, adopta una serie de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Entre las medidas laborales de apoyo a las empresas y los autónomos podemos destacar la moratoria de hasta 6 meses (sin intereses) para el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020. Y también las empresas y los trabajadores autónomos, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%

• Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia
  incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten
  y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante
  Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo
  acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

• La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020,
  siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con
  ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de
  14 de marzo.

• En el caso de empresas: las solicitudes de
  moratoria deberán presentarse a través del Sistema de remisión
  electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED),
• En el caso de los trabajadores por cuenta propia: a
  través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles
  en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad
  Social (SEDESS).

• Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas
  por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los
  trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de
  sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación
  conjunta.

• La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud.

• A estos efectos, la comunicación, a través de los
  medios indicados, de la identificación del código de cuenta de
  cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta.

• Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de
  los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de
  devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso
  proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario
  de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.

• La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los 3 meses siguientes al de la solicitud (en
  el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de
  datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) y en el caso de
  los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por
  los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la
  Secretaría de Estado de la Seguridad Social). No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.

• Las solicitudes presentadas por las empresas, o por los
  trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o
  incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
• Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección
  haber comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social en la
  solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el
  correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a
  la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta,
  así como aquellos otros datos que determinen la existencia de las
  condiciones y requisitos de la moratoria.
• El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal
  que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta
  propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese
  aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e
  intereses, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de
  Recaudación de la Seguridad Social.

• El reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el
  último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del
  estado de alarma.
• La acreditación de la reducción de la facturación se realizará
  mediante la aportación de la información contable que lo justifique,
  pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas
  emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro
  registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.
• Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los
  libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la
  reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba
  admitido en derecho.
• Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la
  que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para
  causar derecho a esta prestación.