La Ley de Segunda Oportunidad es un proceso administrativo que permite entrar en concurso a un autónomo o a un particular, de forma similar a como lo hacen las empresas en quiebra. Pueden beneficiarse de ella aquellos interesados que cumplan una serie de condiciones. A continuación se las explicamos…
Todos estamos sujetos a los avatares de la vida y a la posibilidad de
sufrir un traspié económico que nos ponga con el agua al cuello. Pero
mientras que las empresas siempre han contado con un «salvavidas», al
poder acudir al concurso de acreedores y renegociar el pago de su deuda,
los particulares no tenían ningún procedimiento legal similar para caso
de bancarrota, al contrario de lo que ocurre en EEUU o en algunos
países europeos.
sufrir un traspié económico que nos ponga con el agua al cuello. Pero
mientras que las empresas siempre han contado con un «salvavidas», al
poder acudir al concurso de acreedores y renegociar el pago de su deuda,
los particulares no tenían ningún procedimiento legal similar para caso
de bancarrota, al contrario de lo que ocurre en EEUU o en algunos
países europeos.
Pero tal panorama cambió en España con la aprobación de la Ley
25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de la carga financiera y otras medidas de orden social (la conocida como
«Ley de la Segunda oportunidad»).
25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de la carga financiera y otras medidas de orden social (la conocida como
«Ley de la Segunda oportunidad»).
¿Qué hace la Ley de Segunda Oportunidad?
En el fondo, esta ley establece un proceso reglamentado
y con asistencia judicial, que permite a un particular entrar en
situación de concurso, -como una empresa-, si se dan en su persona
determinadas condiciones.
y con asistencia judicial, que permite a un particular entrar en
situación de concurso, -como una empresa-, si se dan en su persona
determinadas condiciones.
Estas condiciones son básicamente las siguientes:
- Acreditar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas o que éste ya se ha liquidado.
- El total de las deudas a cancelar o renegociar no podrá superar en ningún caso los 5 millones de euros.
- Buena fe. Es uno de los aspectos más
importantes, -por polémico-, de toda la ley, por cuanto que el concepto
de «buena fe» es muy laxo y puede ser interpretado de diversas maneras.
Con el fin de intentar objetivar este concepto, para que el particular
sea considerado deudor de buena fe, se exige el cumplimiento de varios
requisitos. Entre ellos:
- Que, antes de acudir al concurso, haya intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
- Que no haya sido declarado culpable en el concurso de acreedores.
Es decir, que el juez no considere que su insolvencia ha sido provocada
por el propio particular.
- Que, en los diez años anteriores a la petición de concurso de
acreedores, el deudor no haya sido beneficiado otra vez por la misma ley
y que tampoco haya sido condenado por delitos contra el patrimonio,
contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los
trabajadores.
- Que, en los cuatro años anteriores a la petición del concurso, el
emprendedor no haya rechazado una oferta de empleo «adecuada a su
capacidad». Este es un punto polémico, ya que la ley no detalla qué
requisitos debe tener dicha oferta para considerarla «adecuada a la
capacidad» del deudor.
¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?
Como ya se ha indicado, establece un procedimiento pautado, que se desarrolla en dos fases consecutivas:
- La primera, es la fase de negociación con los acreedores
sobre la cantidad y la forma en que se devolverá lo que se debe,
respetando los mínimos necesarios para seguir con una vida digna. Como
en el concurso de una empresa, se pueden negociar quitas y/o esperas que
permitan al particular afrontar sus deudas sin morir en el intento. - En la segunda fase, -que se abre de no alcanzar ningún acuerdo-, interviene el Juez,
quien determinará si es procedente la cancelación, total o parcial, de
la deuda. Aunque lo cierto es que las deudas no quedan canceladas
definitivamente en ese momento, ya que se establece un plazo de 5 años
de «espera» durante el cual los acreedores pueden pedir la revisión del
proceso. De aquí que la finalidad de la ley no sea tanto la exoneración
del pago de la deuda «porque sí», sino su reestructuración.
¿Vale la Ley de Segunda Oportunidad para todo tipo de deudas?
No, porque no todas las deudas podrán ser exoneradas. Aquí la ley excepciona expresamente dos clases de deudas:
- Los créditos de derecho público (Hacienda, Seguridad Social, etc.).
Aunque en este caso, lo cierto es que el Tribunal Supremo, en una
reciente sentencia de 2 de julio de 2019, le ha enmendado la plana al
legislador y ha corregido en parte esta flagrante disfunción,
permitiendo que sea el Juez quien acuerde el fraccionamiento o, en su
caso, la condonación de parte de la deuda.
reciente sentencia de 2 de julio de 2019, le ha enmendado la plana al
legislador y ha corregido en parte esta flagrante disfunción,
permitiendo que sea el Juez quien acuerde el fraccionamiento o, en su
caso, la condonación de parte de la deuda.
- Los créditos por alimentos, derivados de un proceso matrimonial o
civil, por el que se imponga una obligación de prestar alimentos.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,
José María Quintanar Isasi