Medidas fiscales y laborales urgentes por los daños causados por temporales

Se ha aprobado un Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, tiene por objeto declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las provincias y comunidades autónomas que se relacionan en el mismo, así como la adopción de medidas urgentes para paliar los daños causados por los incendios, temporales y otras catástrofes naturales que se indican. Entre estas medidas, se contemplan medidas enmarcadas en el ámbito fiscal, laboral y de Seguridad Social.

• las provincias de Tarragona, Lleida y Toledo, así como la Comunidad
  de Madrid, como consecuencia de los incendios forestales acaecidos
  entre los días 26 y 28 del mes de junio de 2019;
• la Comunidad Foral de Navarra, por las inundaciones padecidas el día 8 de julio de 2019;
• la provincia de Ourense, por la tormenta de granizo e inundaciones acaecidas el día 8 de julio de 2019;
• la Comunidad de Madrid, las provincias de Zaragoza y Cáceres, la
  Comunidad Autónoma de La Rioja, las provincias de Segovia, Valladolid,
  Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida,
  Sevilla y Málaga, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la
  Comunidad Autónoma las de Illes Balears, como consecuencia de los
  episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27 del mes de
  agosto de 2019, cuando una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)
  recorrió de oeste a este la península y las Baleares;
• la isla de Gran Canaria, por los gravísimos incendios forestales declarados entre los días 10 y 17 del mes de agosto de 2019;
• las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y
  Granada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad
  Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid, por los graves
  sucesos causados por una DANA los días 12 a 16 del mes de septiembre de
  2019.

• Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los
  despidos colectivos que tengan su causa directa en los daños producidos
  por los siniestros descritos así como en las pérdidas de actividad
  directamente derivadas de los mismos, en los establecimientos referidos
  en este Real Decreto-ley, que queden debidamente acreditados, tendrán la
  consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.
• En los supuestos de suspensión del contrato o reducción de la
  jornada, la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos de
  la orden ministerial que dicte al efecto el Ministerio de Trabajo,
  Migraciones y Seguridad Social, podrá exonerar al empresario del abono
  de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación
  conjunta mientras dure el período de suspensión o reducción,
  manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado
  por el trabajador.
• En los casos en que se produzca la extinción del contrato, las
  indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de
  Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
• En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de
  contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en
  circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo Estatal y,
  en su caso, el Instituto Social de la Marina podrán autorizar que el
  tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, que traigan su
  causa inmediata de las sucesos incluidos en el ámbito de aplicación de
  este real decreto-ley, no se compute a los efectos de consumir los
  períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, podrá autorizar
  que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos
  en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización
  necesarios para tener derecho a ellas.
• Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en
  cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener,
  previa justificación de los daños sufridos o de las pérdidas de
  actividad directamente derivadas de los siniestros descritos en el
  artículo 1, una moratoria de hasta un año, sin interés, en el pago de
  las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación
  conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar
  desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de
  trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por
  Cuenta Propia o Autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.
• Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el Servicio
  Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la
  Marina, podrán autorizar que el tiempo en que se perciban prestaciones
  por cese de actividad, que traigan su causa inmediata de los sucesos
  incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, no se
  compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción
  establecidos. Se considerará como cumplido a los efectos de poder
  acceder a la prestación por cese de actividad, el requisito de periodo
  mínimo de cotización de doce meses continuados e inmediatamente
  anteriores a la situación legal de cese de actividad. Asimismo, aquellos
  trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la
  Seguridad Social que se encontraran disfrutando de alguna bonificación o
  reducción en las cuotas a la Seguridad Social previstas en la Ley
  20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y, que como
  consecuencia directa e inmediata de los sucesos incluidos en el ámbito
  de aplicación de este real decreto-ley, solicitasen la baja en el
  régimen correspondiente al solicitar nuevamente el alta, no perderán el
  derecho al acceso a las bonificaciones o reducciones en la cuota por el
  tiempo que hubiese quedado pendiente de disfrute.
• Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados,
  las Administraciones Públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán
  solicitar del Servicio Público de Empleo competente la adscripción de
  trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos
  de colaboración social, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
  en vigor.

• Exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): de
  viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles,
  marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales,
  locales de trabajo y similares, dañados, cuando los daños hayan
  obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes, o
  pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan
  siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante formula alguna de
  aseguramiento público o privados.
• Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): se
  reduce de manera proporcional al tiempo de paralización de la actividad
  para aquellas industrias, establecimientos mercantiles,
  marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos y hubieran tenido
  que ser objeto de realojamiento o de cierre temporal de la actividad.
• Exención en el IRPF: las ayudas por daños personales.
• Reducciones índices de rendimiento neto del método de estimación
  objetiva en IRPF para las explotaciones y actividades agrarias: se
  autoriza al Ministerio de Hacienda, para aquellas actividades agrarias
  en las que se hayan producido daños como consecuencia de los siniestros,
  la reducción con carácter excepcional, la reducción de los índices de
  rendimiento neto a los que se refiere la Orden de módulos para 2019.
• Exención de las tasas Jefatura Central de Tráfico: tramitación de
  las bajas de vehículos solicitadas y la expedición de duplicados de
  permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados.