El año 2018 trae uno de los mayores cambios de los últimos años en la industria bancaria y financiera, especialmente desde el punto de vista digital y de las aplicaciones móviles. Desde el pasado 13 de enero de 2018, está en vigor la nueva directiva comunitaria de servicios de pago, más conocida como PSD2 (Payment Service Directive 2), que implica permitir el acceso a terceros a la infraestructura de los bancos, y que entre otras novedades, elimina los cargos adicionales por pagos con tarjeta o transferencias y regulan el funcionamiento de nuevos servicios que operan a través de Internet o dispositivos móviles.
Queremos informarles que el pasado 13 de enero de
2018 entró en vigor la nueva Directiva (UE) 2015/236, más conocida como PSD2 (Payment Service Directive 2), relativa a
los servicios de pago, que sitúa al cliente como dueño de sus datos, al darle
mayor protección y capacidad de elección, y generará modelos de negocio
financieros distintos con nuevos actores y acelerará la digitalización del
sector. En definitiva, se trata de fomentar la innovación en la industria
financiera y hacer que los pagos sean más fáciles para los clientes.
2018 entró en vigor la nueva Directiva (UE) 2015/236, más conocida como PSD2 (Payment Service Directive 2), relativa a
los servicios de pago, que sitúa al cliente como dueño de sus datos, al darle
mayor protección y capacidad de elección, y generará modelos de negocio
financieros distintos con nuevos actores y acelerará la digitalización del
sector. En definitiva, se trata de fomentar la innovación en la industria
financiera y hacer que los pagos sean más fáciles para los clientes.
La nueva norma:
- Prohibirá los recargos, que son gastos
adicionales por los pagos con tarjetas de crédito o débito de consumo,
tanto en los establecimientos comerciales como en línea; - Abrirá el mercado de pagos de la UE a las
empresas que ofrezcan servicios de pago, sobre la base de su acceso a la
información sobre la cuenta de pago; - Introducirá estrictos requisitos de seguridad
en materia de pagos electrónicos y de protección de los datos financieros
de los consumidores; - Reforzará los derechos de los consumidores en
numerosos ámbitos, tales como la reducción de la responsabilidad por los
pagos no autorizados y la introducción de un derecho de devolución
incondicional («sin preguntas») para los adeudos domiciliados en euros. - Limita la responsabilidad del consumidor en
caso de un uso no autorizado de su tarjeta de crédito, de modo que tendría
que pagar solo 50 euros en lugar de los 150 actuales en el caso, por
ejemplo, de que le sea sustraída y utilizada antes de denunciar su robo.
Por otra parte, busca abrir el mercado a nuevos
operadores digitales, en concreto los servicios de iniciación de pagos, que
funcionan como intermediarios al ordenar transferencia por cuentas de clientes,
y los que permiten gestionar cuentas abiertas en diferente entidades en un solo
lugar.
operadores digitales, en concreto los servicios de iniciación de pagos, que
funcionan como intermediarios al ordenar transferencia por cuentas de clientes,
y los que permiten gestionar cuentas abiertas en diferente entidades en un solo
lugar.
Así, uno de los elementos más importantes de la
Directiva es que regulará el acceso de terceros proveedores (TPP, por sus
siglas en inglés) a las cuentas bancarias de sus clientes, aunque siempre con
la autorización del titular de la cuenta. Esto significa que permite que
nuestro banco o caja dé acceso a terceros a las cuentas de pagos que tenemos
dentro de la Unión Europea. Esto lo
lograrán a través de una API (Interfaces de programación de aplicaciones), que
facilitará la comunicación entre el comercio y el banco, lo que permitirá al
negocio/establecimiento ejecutar pagos en nombre del cliente a través de su
cuenta bancaria.
Directiva es que regulará el acceso de terceros proveedores (TPP, por sus
siglas en inglés) a las cuentas bancarias de sus clientes, aunque siempre con
la autorización del titular de la cuenta. Esto significa que permite que
nuestro banco o caja dé acceso a terceros a las cuentas de pagos que tenemos
dentro de la Unión Europea. Esto lo
lograrán a través de una API (Interfaces de programación de aplicaciones), que
facilitará la comunicación entre el comercio y el banco, lo que permitirá al
negocio/establecimiento ejecutar pagos en nombre del cliente a través de su
cuenta bancaria.
Hasta ahora, los TPPS tenían serias limitaciones
para acceder a los servicios de pago tradicionales de los bancos.
para acceder a los servicios de pago tradicionales de los bancos.
Atención. La apertura de las redes de
los bancos a terceros, conocida popularmente como “Open Banking”, permitirá a
los consumidores transferir fondos, comparar productos y administrar sus
cuentas fuera del entorno bancario. Adicionalmente, Open Banking ayudará a la
banca a llegar a nuevos clientes al permitirles ofrecer productos financieros a
través de terceros -como comercios y compañías financieras tecnológicas
(fintech)-. Por su parte, los comercios podrán acceder a la información de las
cuentas de pago e iniciar pagos en cuentas bancarias sin la necesidad de un
intermediario; siempre que el cliente acepte compartir dicha información.
los bancos a terceros, conocida popularmente como “Open Banking”, permitirá a
los consumidores transferir fondos, comparar productos y administrar sus
cuentas fuera del entorno bancario. Adicionalmente, Open Banking ayudará a la
banca a llegar a nuevos clientes al permitirles ofrecer productos financieros a
través de terceros -como comercios y compañías financieras tecnológicas
(fintech)-. Por su parte, los comercios podrán acceder a la información de las
cuentas de pago e iniciar pagos en cuentas bancarias sin la necesidad de un
intermediario; siempre que el cliente acepte compartir dicha información.
Este cambio normativo impulsará el desarrollo de
pagos innovadores online y con el móvil.
pagos innovadores online y con el móvil.
La
Comisión Europea adoptó además el 27 de noviembre dos regulaciones que precisan
y completan la Directiva, pero estas no entrarán en vigor hasta septiembre de
2019, previa aprobación por parte de la Eurocámara y los Estados.
Comisión Europea adoptó además el 27 de noviembre dos regulaciones que precisan
y completan la Directiva, pero estas no entrarán en vigor hasta septiembre de
2019, previa aprobación por parte de la Eurocámara y los Estados.
De
una parte, la que rige los procesos de identificación del cliente obligará a
que los proveedores exijan al menos dos elementos de autentificación: algo que
el cliente sepa (como un código PIN), algo que posea (tarjeta física) o algo
que «sea» (como su huella dactilar).
una parte, la que rige los procesos de identificación del cliente obligará a
que los proveedores exijan al menos dos elementos de autentificación: algo que
el cliente sepa (como un código PIN), algo que posea (tarjeta física) o algo
que «sea» (como su huella dactilar).
De
otra, la que regula el intercambio de información entre los bancos y los nuevos
operadores digitales -como las «fintech» (las nuevas empresas que,
sin ser bancos, ofrecen servicios financieros utilizando para ello todo el
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías) – y que pide a los primeros que
desarrollen interfaces de comunicación específicas con los segundos para que el
acceso sea fácil y seguro.
otra, la que regula el intercambio de información entre los bancos y los nuevos
operadores digitales -como las «fintech» (las nuevas empresas que,
sin ser bancos, ofrecen servicios financieros utilizando para ello todo el
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías) – y que pide a los primeros que
desarrollen interfaces de comunicación específicas con los segundos para que el
acceso sea fácil y seguro.
La
Directiva obliga a todos los estados miembros a transponer esta normativa a su
legislación nacional antes del 13 de enero de 2018. Sin embargo, algunas reglas
relacionadas con la autenticación de los usuarios y la seguridad en las
comunicaciones no entrarán en vigor hasta septiembre de 2018, y la
implementación de las mismas no podrá extenderse más allá del primer o segundo
trimestre de 2019.
Directiva obliga a todos los estados miembros a transponer esta normativa a su
legislación nacional antes del 13 de enero de 2018. Sin embargo, algunas reglas
relacionadas con la autenticación de los usuarios y la seguridad en las
comunicaciones no entrarán en vigor hasta septiembre de 2018, y la
implementación de las mismas no podrá extenderse más allá del primer o segundo
trimestre de 2019.
Pueden
ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración
que puedan tener al respecto.
ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración
que puedan tener al respecto.
Un
cordial saludo,
cordial saludo,
José María Quintanar Isasi