En
el BOE del día 4 de diciembre, se ha publicado la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), cuyo
fin es mejorar el gobierno corporativo de las empresas, que con carácter
general entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, esto
es, el próximo 24 de diciembre de 2014.
el BOE del día 4 de diciembre, se ha publicado la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), cuyo
fin es mejorar el gobierno corporativo de las empresas, que con carácter
general entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, esto
es, el próximo 24 de diciembre de 2014.
Las
modificaciones se centran, por un lado, en la junta general y los derechos de
los accionistas y, por otro, en el órgano de administración de las sociedades
de capital.
modificaciones se centran, por un lado, en la junta general y los derechos de
los accionistas y, por otro, en el órgano de administración de las sociedades
de capital.
- Juntas de accionistas: Las reformas van encaminadas a ampliar
las competencias de la junta general, reforzar los derechos de los
accionistas minoritarios y asegurar la transparencia de la información que
reciben los accionistas.
- Consejos de administración: Las reformas tienen como objetivo,
entre otros aspectos, reforzar el régimen jurídico de los deberes y la
responsabilidad de los administradores, promover la diversidad de género,
experiencia y conocimientos en los consejos, introducir la figura del consejero
coordinador (cuando confluyan en la misma persona los cargos de presidente
del consejo y primer ejecutivo) reducir el plazo de mandato a 4 años,
clarificar el régimen de remuneraciones y su aprobación por la junta, o
convertir en obligatoria, por mandato legal para las sociedades cotizadas,
además de la comisión de auditoría, la comisión de nombramientos y
retribuciones.
Se
incluye además la obligatoriedad de publicar los periodos medios de pago a
proveedores de todas las entidades de este tipo, de modo que se puedan atajar
los retrasos que se están produciendo en el abono de facturas en el ámbito
privado.
incluye además la obligatoriedad de publicar los periodos medios de pago a
proveedores de todas las entidades de este tipo, de modo que se puedan atajar
los retrasos que se están produciendo en el abono de facturas en el ámbito
privado.
Atención. Las modificaciones de esta
norma inciden sobre todo en las
sociedades cotizadas, aunque también se introducen novedades importantes que
afectan a todas las sociedades.
norma inciden sobre todo en las
sociedades cotizadas, aunque también se introducen novedades importantes que
afectan a todas las sociedades.
1.
Principales novedades
Principales novedades
1.
1 Competencias de la junta general de accionistas
1 Competencias de la junta general de accionistas
a) En
todas las sociedades
todas las sociedades
- Se permite
a la junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria
de los estatutos (hasta ahora reservado a sociedades de responsabilidad
limitada). Asimismo, se atribuye a la Junta la decisión sobre operaciones
esenciales (aquellas en las que el volumen supere el 25% del total de
activos del balance) que ya no
podrá decidir el Órgano de Administración por sí solo, sino que necesitará
el acuerdo de los socios para acometerlas.
- Se deberán
votar separadamente las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que
sean sustancialmente independientes, en evitación de votaciones
aglutinadoras de múltiples y diversos acuerdos, sobre los cuales los
socios pudieran tener una intención de voto opuesta, propiciando la
emisión diferenciada de su voto, de forma que no pueda distorsionarse el
resultado de la votación.
- Se propone
extender a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que
resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés.
- Impugnación
de acuerdos sociales:
§ Desaparece la distinción
entre acuerdos nulos (infracción de un precepto legal) y anulables (otras
infracciones) lo que conlleva la unificación del plazo de caducidad de la
acción de impugnación en un año. Se amplían las causas de impugnación
incluyendo, además de los acuerdos contrarios a la ley, a los Estatutos
Sociales y los lesivos para el interés social, la infracción de los reglamentos
de la Junta General. En este mismo sentido, se amplía el concepto de interés
social incluyendo los acuerdos impuestos de forma abusiva por la mayoría, aun
cuando no causen daño al patrimonio social. Se entiende por acuerdo abusivo
cualquier acuerdo adoptado para obtener un beneficio propio en detrimento
injustificado de los demás socios, y todo ello, sin responder a una necesidad
razonable de la sociedad.
entre acuerdos nulos (infracción de un precepto legal) y anulables (otras
infracciones) lo que conlleva la unificación del plazo de caducidad de la
acción de impugnación en un año. Se amplían las causas de impugnación
incluyendo, además de los acuerdos contrarios a la ley, a los Estatutos
Sociales y los lesivos para el interés social, la infracción de los reglamentos
de la Junta General. En este mismo sentido, se amplía el concepto de interés
social incluyendo los acuerdos impuestos de forma abusiva por la mayoría, aun
cuando no causen daño al patrimonio social. Se entiende por acuerdo abusivo
cualquier acuerdo adoptado para obtener un beneficio propio en detrimento
injustificado de los demás socios, y todo ello, sin responder a una necesidad
razonable de la sociedad.
§ Se amplía el plazo de
impugnación desde los 40 días a 1 año.
impugnación desde los 40 días a 1 año.
§ Con la finalidad de evitar
el uso abusivo del derecho de impugnación que en ocasiones se ha llevado a cabo
por parte de la minoría, se establecen determinados con la finalidad de evitar
el uso abusivo del derecho de impugnación que en ocasiones se ha llevado a cabo
por parte de la minoría, se establecen determinados supuestos de improcedencia
de la impugnación en relación con hechos de escasa relevancia, como por
ejemplo: a) la infracción de requisitos procedimentales relativos a la
convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo (salvo
infracción de reglas esenciales de convocatoria, constitución o mayorías
necesarias para la adopción de los acuerdos); b) la insuficiencia o la
existencia de un error en la información proporcionada por la sociedad en
respuesta al ejercicio de derecho de información (salvo información esencial en
el ejercicio del derecho por parte del socio); c) la participación en la
reunión de personas no legitimadas (salvo que hubiera sido determinante para la
válida constitución del órgano) y d) el cómputo erróneo de los votos así como
la invalidez de uno o varios votos (salvo que el error o la invalidez de voto
sea fundamental para lograr la mayoría exigible para la adopción del acuerdo en
cuestión).
el uso abusivo del derecho de impugnación que en ocasiones se ha llevado a cabo
por parte de la minoría, se establecen determinados con la finalidad de evitar
el uso abusivo del derecho de impugnación que en ocasiones se ha llevado a cabo
por parte de la minoría, se establecen determinados supuestos de improcedencia
de la impugnación en relación con hechos de escasa relevancia, como por
ejemplo: a) la infracción de requisitos procedimentales relativos a la
convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo (salvo
infracción de reglas esenciales de convocatoria, constitución o mayorías
necesarias para la adopción de los acuerdos); b) la insuficiencia o la
existencia de un error en la información proporcionada por la sociedad en
respuesta al ejercicio de derecho de información (salvo información esencial en
el ejercicio del derecho por parte del socio); c) la participación en la
reunión de personas no legitimadas (salvo que hubiera sido determinante para la
válida constitución del órgano) y d) el cómputo erróneo de los votos así como
la invalidez de uno o varios votos (salvo que el error o la invalidez de voto
sea fundamental para lograr la mayoría exigible para la adopción del acuerdo en
cuestión).
§ En cuanto a la
legitimación, se exige al menos el 1% del capital para poder ejercer la acción
de impugnación (en la actualidad varía según se trate de acuerdos nulos o
anulables). En las sociedades cotizadas este porcentaje será del 0,1%.
legitimación, se exige al menos el 1% del capital para poder ejercer la acción
de impugnación (en la actualidad varía según se trate de acuerdos nulos o
anulables). En las sociedades cotizadas este porcentaje será del 0,1%.
b)
En las sociedades cotizadas
En las sociedades cotizadas
- Se reduce
del 5% al 3% el capital social necesario para ejercer los derechos de
minoría.
- Se reduce
el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la
junta desde el 1 por mil a 1.000 acciones.
- Las
entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y
delegar el voto. Sería el caso de inversores extranjeros que efectúan sus
inversiones a través de una cadena de intermediarios financieros que actúan
como titulares fiduciarios por cuenta del inversor último.
- Se propone
rebajar el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar
información de 7 a 5 días antes de la celebración de la junta.
- Se
establece la inscripción en un registro especial de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el cumplimiento de una serie
de obligaciones contables y de información.
1.2.
Administración de la sociedad
Administración de la sociedad
a)
En todas las sociedades
En todas las sociedades
- Se
tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los
procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés. De
esta forma la diligencia exigible se modulará atendiendo a la naturaleza
del cargo (por ejemplo, consejero ejecutivo, o consejero externo o
independiente) y las funciones atribuidas (en función de las tareas
encomendadas a las diferentes comisiones, por ejemplo) a cada uno de los
administradores.
- En
relación con los presupuestos para la existencia de responsabilidad se
incorpora expresamente que el administrador sólo será responsable de sus
actos si hubiese actuado con dolo o culpa; se incluye una
presunción de culpabilidad en aquellos casos en que resulte probada - la
conducta ilícita del administrador; se mantiene la extensión de la
responsabilidad a los administradores de hecho, respecto de los que se aporta una definición; se aplica el
régimen de responsabilidad a quien tenga atribuidas las facultades de más alta dirección, con independencia
de su nombre, y la persona física representante de un administrador
persona jurídica estará sometida
a los mismos deberes y obligaciones que ésta. La novedad más importante
sin embargo es que la persona física responderá solidariamente con la
persona jurídica a la que representa.
- Los socios
minoritarios titulares de al menos el 5 % del capital social podrán
ejercitar la acción de responsabilidad directamente ante los Tribunales
cuando la misma se fundamente en la infracción del deber de lealtad, sin
necesidad de solicitar la convocatoria de la junta general (trámite
indispensable actualmente). En caso de estimación total o parcial de la
demanda, la sociedad estará obligada a reembolsar a la parte actora los
gastos necesarios en que hubiera incurrido.
- Por
primera vez se introduce un plazo de prescripción para el ejercicio de
acciones de responsabilidad de los administradores. Actualmente se
aplicaba el plazo de cuatro años previsto en el Código de Comercio. Sin
embargo, a diferencia de lo que hasta ahora se consideraba como día
inicial para el cómputo del plazo de cuatro años (el momento en el que se
conoció el cese del administrador), ahora se señala como plazo de
prescripción el de cuatro años, a contar desde el día en que hubiera
podido ejercitarse.
- El consejo
de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, con la
finalidad de que mantenga una presencia constante en la vida de la
sociedad. Los consejeros deberán asistir personalmente a las
sesiones del consejo.
- Se incluye
un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin
de reservarle las decisiones correspondientes al núcleo esencial de la
gestión y supervisión de la sociedad. La relación de la sociedad con el
consejero delegado o un consejero con funciones ejecutivas quedará
reflejado en un contrato, que debe ser aprobado por el Consejo de
Administración.
b)
En las sociedades cotizadas
En las sociedades cotizadas
- Los
procedimientos de selección de consejeros facilitarán el nombramiento de
consejeras. - Cuando
ambos cargos recaigan en una misma persona, el nombramiento del presidente
del consejo requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros
del consejo. Además se deberá nombrar entre los independientes un
consejero coordinador al que se faculta para solicitar la convocatoria del
consejo, ampliar el orden del día, coordinar a los consejeros no
ejecutivos y dirigir la evaluación del presidente. - El consejo
de administración deberá realizar una evaluación anual de su
funcionamiento y el de sus comisiones. - En las
sociedades cotizadas se someterá a la junta general de accionistas la
aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter
plurianual, como punto separado del orden del día. - Los
consejos de administración deberán de forma imperativa constituir una
comisión de nombramientos y retribuciones. La comisión de nombramientos y
retribuciones establecerá un objetivo de representación para el sexo menos
representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones
sobre cómo alcanzar dicho objetivo. - Se incluye
como competencia indelegable del consejo, dentro de la política de control
y gestión de riesgos, los riesgos fiscales; es decir, la aprobación de las
inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal y la
determinación de la estrategia fiscal de la sociedad. - Se propone
que el periodo máximo de cada nombramiento no exceda de 4 años, frente a
los 6 actuales.
1.3.
Retribución de los consejeros/administradores
Retribución de los consejeros/administradores
La reforma de la Ley introduce novedades
sustanciales en la regulación de la retribución del órgano de administración de
las sociedades a los efectos de que la remuneración se adecue a las prácticas
del mercado y de dar una mayor transparencia. En todo caso, se mantiene la
presunción relativa a la gratuidad del cargo de administrador, salvo que los
Estatutos Sociales establezcan lo contrario.
sustanciales en la regulación de la retribución del órgano de administración de
las sociedades a los efectos de que la remuneración se adecue a las prácticas
del mercado y de dar una mayor transparencia. En todo caso, se mantiene la
presunción relativa a la gratuidad del cargo de administrador, salvo que los
Estatutos Sociales establezcan lo contrario.
a)
En todas las sociedades
En todas las sociedades
- Se
incluyen referencias programáticas que deberán inspirar las decisiones en
relación con la remuneración de los administradores y que se extienden a
la razonabilidad de la remuneración, acorde con la situación económica de
la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean
atribuidas y a que el sistema de remuneración esté orientado a promover la
rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo,
incorporando las cautelas necesarias para evitar la excesiva asunción de
riesgos.
- Se
establece que los estatutos contengan el sistema de remuneración de los
administradores por sus funciones como tales, y que la remuneración anual
del conjunto de los administradores deba ser aprobada por la junta. El
sistema de remuneración establecido en Estatutos deberá determinar el
concepto o conceptos retributivos, que podrán consistir en uno o varios de
los siguientes: a) una asignación fija, b) dietas de asistencia, c)
participación en beneficios, d) retribución variable con indicadores o
parámetros generales de referencia, e) remuneración en acciones o
vinculada a su evolución, f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el
cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de
administrador, y g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren
oportunos.
- Se clarifica, con carácter general, el régimen de
retribución de los administradores que desempeñan funciones ejecutivas y se establecen cautelas adecuadas
para su fijación por el consejo. Deberá celebrarse un contrato entre el
consejero delegado y la sociedad, que deberá ser aprobado previamente por
el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros (debiendo abstenerse el consejero afectado) e
incorporarse como anejo al acta de la sesión.
b)
En las sociedades cotizadas
En las sociedades cotizadas
Deberá
ser aprobada por la junta (voto vinculante), previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones, al menos cada tres años. Esta política de retribuciones contendrá, al menos:
ser aprobada por la junta (voto vinculante), previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones, al menos cada tres años. Esta política de retribuciones contendrá, al menos:
- La
remuneración total a los consejeros por su condición de tales - El sistema
de remuneración de los consejeros ejecutivos (descripción de los
componentes, cuantía global de la retribución fija anual y su variación en
el periodo de referencia, los parámetros de fijación de los restantes
componentes y todos los términos y condiciones de sus contratos como
primas, indemnizaciones, etcétera) - El consejo
decidirá la distribución individual siempre dentro de la política de
remuneraciones. - Cualquier
modificación requerirá aprobación de la junta y no podrá realizarse pago
alguno mientras no haya sido aprobado por la junta.
Seguirá
siendo sometido a voto consultivo de la junta pero, en caso de voto negativo,
deberá realizarse una nueva propuesta de política de remuneraciones.
siendo sometido a voto consultivo de la junta pero, en caso de voto negativo,
deberá realizarse una nueva propuesta de política de remuneraciones.
1.4.
Otras modificaciones
Otras modificaciones
Por
último, a los efectos de evitar retrasos inaceptables en los pagos a
proveedores por parte de las sociedades, se modifica la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
previendo que todas las sociedades incluirán de forma expresa en la memoria de
sus cuentas anuales, su periodo medio de pago a proveedores. En el caso de las
sociedades cotizadas dicha previsión se incluirá en su página Web y, para las
sociedades no cotizadas que no presenten cuentas anuales abreviadas se incluirá
el periodo medio de pago a proveedores en su página Web, si la tuvieren.
último, a los efectos de evitar retrasos inaceptables en los pagos a
proveedores por parte de las sociedades, se modifica la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
previendo que todas las sociedades incluirán de forma expresa en la memoria de
sus cuentas anuales, su periodo medio de pago a proveedores. En el caso de las
sociedades cotizadas dicha previsión se incluirá en su página Web y, para las
sociedades no cotizadas que no presenten cuentas anuales abreviadas se incluirá
el periodo medio de pago a proveedores en su página Web, si la tuvieren.
2.
Régimen transitorio
Régimen transitorio
Frente
al régimen general de entrada en vigor de la Ley (20 días desde su publicación
en el BOE), se prevé un régimen transitorio en relación con las modificaciones
que regulan la remuneración de consejeros, así como lo dispuesto en relación
con la evaluación de desempeño de los consejeros en las sociedades cotizadas, y
las comisiones de auditoría y de nombramientos y remuneraciones. En concreto:
al régimen general de entrada en vigor de la Ley (20 días desde su publicación
en el BOE), se prevé un régimen transitorio en relación con las modificaciones
que regulan la remuneración de consejeros, así como lo dispuesto en relación
con la evaluación de desempeño de los consejeros en las sociedades cotizadas, y
las comisiones de auditoría y de nombramientos y remuneraciones. En concreto:
- Las
políticas de remuneración de consejeros, la evaluación del funcionamiento
del consejo y sus comisiones en las sociedades cotizadas y la obligación
de contar con comisión de auditoría y comisión de nombramientos y
retribuciones de las sociedades cotizadas, con las modificaciones
estatutarias que ello pueda suponer, deberán acordarse en la primera junta
general que se celebre a partir del 1 de enero de 2015. - Si la
primera junta general ordinaria de accionistas que se celebre a partir del
1 de enero de 2015 aprueba con carácter consultivo el informe sobre
remuneraciones de los consejeros, se entenderá que la política de
remuneraciones ha sido aprobada a efectos, y, por tanto, mantendrá su
vigencia durante los tres ejercicios siguientes y su modificación durante
dicho plazo requerirá acuerdo de junta general. Por el contrario, si la
junta general ordinaria celebrada a partir del 1 de enero de 2015 no
aprobara con carácter consultivo el informe sobre remuneraciones, la
política de remuneraciones de los consejeros deberá consecuentemente
modificarse y someterse a la aprobación vinculante de la junta general de
accionistas no más tarde de la finalización del ejercicio social siguiente
(en ejercicios sociales que coincidan con el año natural, con anterioridad
al 31 de diciembre de 2016), y con efectos a partir del ejercicio
posterior (es decir, en el ejemplo indicado, con efectos para los
ejercicios 2017, 2018 y 2019).
Pueden
ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o
aclaración que puedan tener al respecto.
ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o
aclaración que puedan tener al respecto.
Un
cordial saludo,
cordial saludo,
Jose María Quintanar Isasi