http://elrincondelasesor.com/wp-content/uploads/2015/12/Fotolia_83821726_Subscription_Monthly_M.jpgConozca lo que ofrecen los principales partidos en materia de IVA, IRPF, Sociedades o lucha contra el fraude fiscal de cara a las elecciones del 26 de junio de 2016. Nos afectará en nuestra actividad empresarial y profesional…


Mediante
esta circular queremos informarles de las propuestas que en materia de
fiscalidad plantean en sus respectivos programas electores las 4 principales
formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 26 de junio
de 2016.

 

Además,
se ha suprimido la mención respecto a la modificación de los tipos del IVA, así
como la relativa a simplificar el régimen de contabilidad de las pequeñas y
medianas empresas.
Por
otro lado, se añaden nuevas propuestas:

Mantiene
las líneas generales de las propuestas presentadas en 2015, con la novedad de
mejorar la fiscalidad del ahorro y la inversión mediante:
·       
Modificaciones en el
régimen de las SICAV. Mínimo del 0,55% de participación a los socios de las
SICAV para considerarlos accionistas.
Entre
otras medidas, podemos destacar también:
·       
Todo aquel que
encuentre su primer empleo no pagará IRPF el primer año.
·       
Los parados de larga
duración que inicien un negocio no van a pagar IRPF los 2 primeros años.
·       
Cuando una pyme
crezca y revierta sus beneficios tendrá hasta 10 puntos de rebaja en el
Impuesto de Sociedades.
·       
Bajarán 2 puntos el
IRPF a todos: el mínimo del 19 al 17%, y el máximo del 45 al 43%, y mejorarán
los mínimos personales y familiares exentos. Eliminarán el IRPF a los que trabajen
más allá de la edad de jubilación.
·       
Ampliarán el cheque
de 1.200 € para que se puedan beneficiar también los contribuyentes
discapacitados y sus cónyuges.
·       
Reducirán los
impuestos sobre la generación eléctrica, garantizando en todo caso la sostenibilidad
financiera del sistema eléctrico, lo que redundará en un abaratamiento de la
factura.
·       
Reducción de plazos
entre las declaraciones y su comprobación.
·       
Dar prioridad a la
reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y atender desde
el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes
·       
Mantener un nivel de
esfuerzo máximo en la lucha contra el fraude, mejorando la actuación de las
Administraciones Públicas y su relación con los contribuyentes.

·       
Rebajar el tipo del
IVA a las actividades culturales del 21 al 10% de manera inmediata. A partir de
ahí el Gobierno de España impulsará que se reconozca la necesidad de un IVA
cultural en el seno de la toda la UE que permita su armonización, con el
reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10%. Hasta que
esta modificación se produzca, solicitaremos una autorización de la Unión Europea
a España para aplicar el tipo súper reducido al 4% para la cultura. Asimismo
promoveremos el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsaremos en el
seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.
·       
Aprobar una Ley de la
Participación Social y del Mecenazgo recogiendo las distintas herramientas de
micro-mecenazgo (crowdfunding), al apoyo a la producción y el consumo cultural
mediante desgravaciones a la ciudadanía en el IRPF y en el impuesto de
sociedades de las empresas, premiando el aumento en el compromiso en el tiempo.
·       
Revisar los tipos e
incrementar las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la
sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública.
·       
Asegurar que los
incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores, ya sean personas
físicas, sociedades de capital riesgo o fondos de inversión, que inviertan en
jóvenes empresas innovadoras, dado que éstas frecuentemente no pueden
aprovechar los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de vida.
·       
Revisar toda la
regulación diferencial fiscal, laboral, mercantil y administrativa que
desincentiva el crecimiento en tamaño de las empresas. En concreto: – Elevar el
umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en
la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de Grandes
Contribuyentes, de 6 a 20 millones de euros. – Establecer un nuevo tipo de
¨auditoría abreviada¨ para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes
requisitos: cifra negocios entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85
y 4 millones de euros y; número de trabajadores igual o menor a 50. De esta
forma la auditoría abreviada se equipararía con los umbrales de presentación de
cuentas abreviadas.
·       
Incrementar en 5.000
empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.
·       
 Revisar el régimen de estimación objetiva con
el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de
tal instrumento tributario.
·       
Modificar la figura
del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará
el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean
considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción a los 10
años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre
serán en su mitad superior.
·       
Potenciar el papel
del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la
Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se
promoverá la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude
fiscal y a la Seguridad Social, dotado con medios adecuados y suficientes.
·       
Elaborar una
estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se
considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de
la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la
estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.
·       
Elaborar una Ley
Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos
legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión
fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los
resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.
·       
Adquirir el firme
compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una
reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o
individualizado a la amnistía fiscal.
·       
Introducir cambios
del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites
constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos
a la amnistía fiscal.
·       
Exigir a las
entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades
españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de
que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser
sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de
colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.
·       
Establecer un mayor
control de las SICAV mediante: (1) Establecimiento de un porcentaje de
participación máximo para cada inversor; (2) Se estudiará la fijación de un período
de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; (3) Dotar
legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las
SICAV.
·       
Revisar la figura de
la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en
una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención
tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
·       
Hacer pública la
identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que
superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación
permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista
recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto.
Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen
incentivos fiscales.
·       
Impulsar las
modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como
infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino
también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del
correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
·       
Aprobar un Estatuto
de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad,
evitando las injerencias políticas.
·       
Revisar el
procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la
colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se
presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios
técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la
Agencia.
·       
Aprobar un plan para
mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito
tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa
entre los contribuyentes cumplidores y la administración tributaria.
·       
Apoyar la propuesta
de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los
llamados Tax Rulings (acuerdos fiscales de los estados miembros con empresas
multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios
de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años.
·       
Impulsar en el seno
de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las
jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista
consensuada de sanciones. De igual forma, España promoverá en la OCDE y el G-20
la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos fiscales.
·       
Apoyar las
iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la
armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades), la superación
de la regla de unanimidad, y establecimiento de un campo de juego entre los 28
Estados miembros sin margen para la opacidad o la competencia desleal.
·       
Abogar por la
creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho
que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del
control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva.
·       
Establecer un mínimo
común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en
el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.
·       
Reformar en
profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases
imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisarán las múltiples
exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa
justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el
Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que
no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro
país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el
tiempo.
·       
Establecimiento en el
Impuesto sobre el Patrimonio y del ISD de un mínimo común para todo el
territorio nacional
·       
Rebajar el tipo del
IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
·       
Promover la
modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar
tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales,
considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera necesidad.
·       
Impulsar la puesta en
marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y
como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España.
Defenderemos que el ITF sea un impuesto de base amplia, que incluya el mayor
número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para
desincentivar la especulación financiera.
·       
Impulsar una
fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos. Dicha
fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributes: (1) Impuesto sobre las
emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se emiten,
discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de
derechos de emisiones (ETS) y las que no; (2) Impuesto sobre los óxidos
nitrosos (NOX); (3) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor:
basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la
fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; (4) Impuesto
mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (5) Impuesto sobre
residuos de envases, embalajes y bolsas;
·       
Además, se reformarán
los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos
medioambientales: (1) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; (2) Impuesto
Especial sobre la Electricidad y; (3) Canon de vertidos. Dicha fiscalidad
medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CC.AA. varias de las
cuales ya cuentan con figuras tributarias similares.
·       
Mantener la
desgravación en el IRPF del 60% del importe obtenido por el arrendador, una vez
deducidos los gastos y reintroducir las desgravaciones fiscales al alquiler
para las rentas más bajas.
·       
Se estudiará una
acomodación del tipo de IVA aplicable para potenciar los procesos de
rehabilitación y de regeneración urbana calificados como protegibles.

·       
Reformaremos en profundidad
el impuesto de sociedades, e impulsaremos su armonización internacional para
hacerlo muy sencillo, transparente y con unos tipos efectivos realmente
próximos a los tipos nominales. Garantizaremos, además, que se mantienen las
diferencias en función del tamaño y el tiempo de actividad de la empresa, a
diferencia de la situación actual:
ü  Apoyaremos e impulsaremos el proyecto de Directiva
Accis, para la determinación de la base imponible consolidada de los grupos
multinacionales y su reparto entre los países donde operan en proporción a las
ventas, el capital y la masa salarial. El objetivo es limitar las pérdidas de
tributación asociadas a los precios de transferencia.
ü  Eliminaremos los privilegios fiscales y la mayoría
de las deducciones, para lo cual controlaremos los aspectos clave, como los
precios de transferencia o la deducción de gastos financieros. Los beneficios
fiscales que se mantengan deberán estar debidamente justificados atendiendo a
sus efectos sobre la productividad y la creación de empleo.
ü  Introduciremos un impuesto mínimo para las grandes
empresas que contribuya a recuperar la recaudación de este tributo y a
estabilizarla en el tiempo.
ü  Estableceremos un tipo diferenciado en función del
destino de los beneficios: un tipo estándar para los beneficios distribuidos a
los accionistas (30 %) y un tipo inferior (25 %) para los beneficios
reinvertidos productivamente en la empresa, en particular en actividades de
ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i. Esta
reinversión de los beneficios deberá ser verificada por la Administración y los
representantes de los trabajadores.
ü  Eliminaremos las posibilidades de utilizar
sociedades como pantallas para la elusión fiscal, para disminuir la tributación
de rentas obtenidas en el extranjero o para canalizar rentas particulares.
·       
Modificación del IVA,
con una estructura de tipos que mantengan en lo posible la recaudación, pero
que mejoren su impacto redistributivo y limiten su regresividad:
o  
Aumentaremos los
alimentos y las bebidas no alcohólicas a los que se aplica el tipo
superreducido del 4% (en todo caso, se excluirán aquellos para los que resulte
desaconsejable tal aumento por motivos de salud pública) y aplicaremos el tipo
reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas,
electricidad) a los que se les aplique el tipo general del 21% en este momento.
o  
Reduciremos el tipo
aplicable a productos de gran interés social como son los productos culturales
y escolares.
o  
Se buscará una figura
tributaria para gravar artículos de lujo de forma que, al menos de forma
parcial, se compense la caída de la recaudación como consecuencia de las
reducciones anteriores.
o  
Introduciremos el
criterio del IVA dado que, tal y como está planteado actualmente, el IVA de
caja no es útil para las pymes, ya que las grandes empresas rechazan a las
pymes que lo utilizan para poder deducir el IVA antes de pagar las facturas. La
única forma de que resulte efectivo es hacerlo obligatorio para todas las
empresas.
·       
Estableceremos una
fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e
incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, e impulsaremos
la convergencia de la presión fiscal medioambiental española (1,6 % del PIB) hacia
la media de la Unión Europea (2,4 % del PIB). Para ello:
ü  Reformaremos los impuestos sobre los hidrocarburos
y sobre el carbón, y en particular revisaremos los beneficios fiscales
existentes.
ü  Aplicaremos una exención del impuesto sobre la
producción de la electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100
kilovatios.
ü  Igualaremos los tipos impositivos sobre la gasolina
y el gasóleo.
ü  Reformaremos el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica para tomar en consideración las características contaminantes
de los vehículos.
ü  Estudiaremos la posibilidad de establecer tasas por
el uso de determinadas infraestructuras de transporte.
ü  Estudiaremos la aplicación de impuestos de
congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público.
ü  Estableceremos un precio mínimo en los derechos de
emisión de CO2.
·       
Un nuevo «impuesto de
solidaridad» a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario
con el fin de recuperar de forma progresiva las cantidades que el sector ha recibido
directamente en forma de ayudas públicas. Este impuesto será extraordinario, se
aplicará sobre los beneficios y tendrá un carácter transitorio durante una
legislatura.
·       
Avance hacia el
impuesto sobre transacciones financieras (ITF) para controlar, registrar y
desincentivar las transacciones más especulativas. Nos comprometemos a que,
como mínimo, España sea pionera en la implantación del acuerdo alcanzado en
2012 por once países de la Unión Europea, que consiste en aplicar un impuesto
del 0,1 % sobre la compra y la venta de acciones y bonos, y otro del 0,01 %
sobre los productos derivados. Este impuesto lo pagarán las entidades
bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras.
Un
cordial saludo,

 

Jose María Quintanar Isasi

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